Gobierno atiende recomendación de la CNDH
Por Claudia García Polo @claudiagpolo

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, confirmó que siete cárceles en el estado de Puebla fueron cerradas porque estos centros de reclusión se encontraban en pésimas condiciones, ya no podían seguir funcionando y el gobierno estatal, atiende las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Este miércoles en entrevista el gobernador Sergio Salomón Céspedes, explicó que los daños provocados por el sismo de 2017 en las instalaciones y por no contar con las condiciones óptimas para su funcionamiento la Secretaria de Seguridad Pública del estado (SSP) determinó cerrar de manera definitiva las siete cárceles municipales y los reclusos fueron reubicados a otros penales de la entidad respetando sus derechos humanos.
Informó que las cárceles municipales de Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros sufrieron afectaciones desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 y desde entonces dejaron de funcionar adecuadamente y durante la pandemia en 2020 los reclusos ya habían sido reubicados en penales del estado por lo que esas prisiones estaban vacías.
Además, informó que las prisiones municipales de Tetela de Ocampo, Tecali de Herrera, Chignahuapan y Zacatlán también serán cerrados de manera definitiva porque los reclusorios se encuentran en condiciones de hacinamiento y los presos serán trasladados a cárceles estatales
El martes 1 de octubre, a través del Periodo Oficial del Estado el gobierno, informó del cierre de las siete cárceles municipales y el traslado de un total de 232 reos por determinación de la Secretaria de Seguridad Pública ante las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones a las garantías individuales y presentar condiciones de sobrepoblación y hacinamiento.
En el decreto publicado en el Periodo Oficial del Estado, el gobierno estatal, reconoce que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó al estado de Puebla en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2022 asignando una calificación de 5.02 de una escala del 1 al 10 por las condiciones que enfrentan las cárceles administradas por los municipios.
Las cárceles municipales que serán cerradas en el estado de Puebla por recomendaciones de la
CNDH, enfrentan problemas de sobrepoblación, los internos están en condiciones de hacinamiento, no se cuenta con suficiente personal operativo y de custodia. Además, existen problemas con la alimentación de las personas privadas de la libertad.
A esto se suman los daños estructurales en las instalaciones de las cárceles municipales de Izúcar de Matamoros, Atlixco y Chiautla de Tapia.
A través de la recomendación 28/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se informó que se determinó que es facultad de los gobernadores y alcaldes gestionar recursos presupuestales y administrativos para destinarlos a acciones humanas, materiales y financieros suficientes en los centros estatales de reinserción social.