Imagen © FIDA/Délmer Membreño Las remesas reducen la pobreza y fomentan las oportunidades.
México sigue siendo, por amplio margen, el principal receptor de la región, con unos 64.400 millones de dólares en 2025.
ECONOMÍA EN AMÉRICA LATINA Por Laura Quiñones
Las remesas hacia América Latina y el Caribe crecieron un 132% en la última década, más que en cualquier otra región del mundo, hasta alcanzar los 168.600 millones de dólares. En varios países de Centroamérica representan ya cerca de una tercera parte de la economía, una dependencia que también aumenta su exposición a cambios en el mercado laboral y la política migratoria de Estados Unidos, incluidas las deportaciones.
América Latina y el Caribe se ha convertido en la región donde más crecieron las remesas durante la última década, según un nuevo informe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Entre 2016 y 2025, el dinero enviado por migrantes y miembros de la diáspora a sus familias pasó de 72.600 millones a 168.600 millones de dólares, mientras la participación de la región en las remesas mundiales aumentó del 19% al 23%.
El crecimiento fue muy superior al de la migración. En ese periodo, el número de emigrantes latinoamericanos aumentó un 41%, hasta unos 44 millones, mientras las remesas crecieron un 132%. Estados Unidos continúa siendo el principal destino de los migrantes de la región y la fuente dominante del dinero que envían a sus países de origen.
“Este informe trata de flujos financieros de una escala extraordinaria. Pero, más importante aún, trata de familias”, afirmó Pedro de Vasconcellos, responsable de la Facilidad de Financiación para Remesas del FIDA, durante una rueda de prensa. Las remesas, añadió, son una expresión de “responsabilidad familiar, sacrificio y solidaridad a través de las fronteras”.
Un ingreso esencial para varias economías
México sigue siendo, por amplio margen, el principal receptor de la región, con unos 64.400 millones de dólares en 2025. Le siguen Guatemala, con 21.600 millones; Colombia, con 13.100 millones; República Dominicana, con 12.400 millones; y Honduras, con 11.900 millones. En conjunto, estos cinco países recibieron alrededor del 73% de todas las remesas destinadas a América Latina y el Caribe.
Pero el peso de estos recursos resulta todavía más evidente cuando se compara con el tamaño de algunas economías. En Honduras las remesas equivalen al 30% del producto interno bruto (PIB), en El Salvador al 28% y en Nicaragua al 27%. Guatemala alcanza el 19% y Haití el 17%.
Esa dependencia también aumenta la exposición a lo que ocurra en Estados Unidos. El FIDA señala que los principales corredores de remesas de América Latina están estrechamente vinculados a ese país, por lo que cambios en su mercado laboral, las medidas de control migratorio o la situación legal de los migrantes pueden afectar la capacidad de las familias para seguir enviando dinero.
El informe advierte que las deportaciones, las restricciones al empleo o una menor demanda de trabajadores migrantes pueden reducir tanto el número de remitentes como el volumen de las transferencias, particularmente en los países donde las remesas representan una proporción elevada del PIB y Estados Unidos es su principal origen.
La agencia cita el caso de Guatemala, donde un estudio de 2025 entre personas retornadas encontró que el 61% había sido la principal fuente de ingresos de su hogar. El FIDA señala que el retorno involuntario no solo supone un impacto para la persona que regresa, sino que también puede provocar una pérdida repentina de ingresos por remesas para la familia que dependía de esos envíos.
Por ahora, sin embargo, el FIDA no observa una caída generalizada de estos flujos.
“Las cifras, por ahora, no muestran una reducción de las remesas”, explicó De Vasconcellos. Señaló que, frente a situaciones de crisis, los migrantes suelen priorizar las necesidades de sus familias, incluso enviando más dinero o recurriendo a sus ahorros, y advirtió que puede existir un desfase antes de que los efectos de cambios económicos o migratorios aparezcan en las estadísticas.
Una de cada seis personas en el mundo
La expansión latinoamericana forma parte de un fenómeno mucho mayor. Unos 220 millones de migrantes y miembros de la diáspora apoyan económicamente a alrededor de 1100 millones de familiares, lo que significa que más de 1300 millones de personas, aproximadamente una de cada seis en el mundo, envían o reciben remesas internacionales.
Los flujos registrados hacia los países de ingresos bajos y medios alcanzaron los 728.600 millones de dólares en 2025, casi el doble que una década atrás y por encima tanto de la asistencia oficial para el desarrollo como de la inversión extranjera directa destinada a esas economías.
Asia y el Pacífico concentran la mayor parte de las remesas mundiales, con 384.900 millones de dólares en 2025, el 53% del total. África recibió 124.200 millones, los países de ingresos bajos y medios de Europa 30.200 millones y los del Cercano Oriente y el Cáucaso 20.700 millones.
Además, el aumento de las remesas ha superado ampliamente al de la migración. Entre 2016 y 2025 crecieron un 94%, mientras que el número de migrantes internacionales procedentes de los países analizados aumentó un 28%, una diferencia que el FIDA atribuye, entre otros factores, a que los migrantes están enviando mayores cantidades de dinero a sus familias.
De las necesidades básicas a la inversión
La mayor parte de las remesas cumple una función inmediata en los hogares. Cerca de tres cuartas partes se destinan a necesidades como alimentos, vivienda y servicios básicos.
El cuarto restante representa más de 180.000 millones de dólares al año que las familias destinan a salud, educación, vivienda, ahorro, emprendimientos y otras actividades generadoras de ingresos.
El FIDA insiste en que el objetivo no es decir a las familias cómo utilizar esos recursos. “Son flujos privados”, recordó De Vasconcellos. La oportunidad, explicó, consiste en ampliar las opciones disponibles para quienes reciben remesas mediante herramientas como el ahorro, el crédito, los seguros o la inversión.
Su impacto es especialmente importante en las zonas rurales. Unos 233.000 millones de dólares, casi un tercio de todas las remesas enviadas a países de ingresos bajos y medios, llegan a comunidades rurales, donde suelen ser más limitados el empleo formal, los servicios financieros y las redes públicas de protección.
Las familias receptoras invierten además aproximadamente 22.000 millones de dólares al año en sistemas agroalimentarios rurales, una cantidad superior al total de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a la agricultura en el mundo.
Una red de protección frente a crisis y desastres
El informe destaca también un papel menos visible de las remesas: su capacidad para ayudar a las familias a resistir crisis económicas, conflictos y desastres. Estos recursos pueden ajustarse rápidamente a las necesidades de los hogares y, en momentos de emergencia, mantenerse o incluso aumentar cuando otras fuentes de apoyo tardan más en llegar.
Frente al cambio climático, pueden ser útiles antes, durante y después de un desastre. Antes de una crisis, ayudan a reforzar viviendas, acumular ahorros, diversificar los medios de vida o invertir en agricultura adaptada al clima. Durante una emergencia, pueden funcionar como una forma de seguro informal para cubrir alimentos y atención médica y evitar la venta de tierras, ganado u otros activos productivos. Después, pueden contribuir a reconstruir viviendas, reemplazar ganado, reinvertir y recuperar los medios de vida.
Pero el FIDA subraya que las remesas no son financiación climática y no pueden sustituir la inversión pública, la protección social o la asistencia humanitaria.
“Las remesas pueden ayudar a las familias a pasar de hacer frente al próximo shock a construir mayor resiliencia y oportunidades”, afirmó De Vasconcellos, pero insistió en que esos recursos privados no deben reemplazar las responsabilidades de los gobiernos y de la comunidad internacional.
Para el FIDA, su mayor potencial aparece cuando se combinan con inversión pública, servicios financieros, seguros e infraestructura que permitan a las familias proteger sus bienes, recuperarse más rápidamente y prepararse mejor frente a futuras crisis.
