Imagen ONU/Eskinder Debebe
Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas, en particular de mujeres y niños.
Expertas exigen una investigación sobre las denuncias de trata de seres humanos
DERECHOS HUMANOS @mundomujeres|| ALTO A LA TRATA DE PERSONAS
Relatoras de derechos humanos exigieron este jueves 16 una investigación «completa y transparente» sobre las alegaciones de trata sistemática de jóvenes y niñas con fines de explotación sexual reveladas en los Archivos de Epstein, y advirtieron que la respuesta de los Estados ha sido «totalmente inadecuada», perpetuando una cultura de impunidad que daña desproporcionadamente a mujeres y niñas.
Expertas independientes* en derechos humanos de la ONU pidieron este jueves justicia y rendición de cuentas para las jóvenes y niñas que han sido víctimas sistemáticas de trata en el marco de las alegaciones contenidas en el caso Epstein.
Los expertas, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también lanzaron una advertencia general sobre la «violencia persistente de los sistemas de poder patriarcales» revelada por los «archivos de Epstein», que el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a hacer públicos a finales del año pasado.
Esta vasta colección de documentos, fotografías, registros de vuelos y otros elementos relacionados con las investigaciones sobre las actividades de Jeffrey Epstein, financiero neoyorquino fallecido y acusado de haber creado una red de trata de mujeres y niñas para su explotación sexual, ha sido objeto de importantes debates jurídicos y políticos en los últimos meses, en Washington y más allá.
Llamamiento a una investigación transparente
«Estamos gravemente preocupados por las alegaciones creíbles contenidas en los ‘documentos de Epstein’ sobre una trata sistemática de jóvenes y niñas con fines de explotación sexual, y pedimos una investigación completa y transparente», declararon los expertas en un comunicado de prensa.
Estas alegaciones implican a altos cargos políticos, personalidades públicas, diplomáticos, líderes empresariales de primer nivel y destacados académicos. Describen una trata generalizada de niñas y jóvenes a través de múltiples fronteras internacionales durante varias décadas.
Esta situación pone de relieve la discriminación y la violencia profundamente arraigadas inherentes a los sistemas de poder patriarcales, así como las deficiencias asociadas en materia de rendición de cuentas, subrayaron Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas (en particular mujeres y niñas), y los cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.
Una cultura de impunidad
Los expertas recordaron que la trata de niños y jóvenes constituye un delito penal grave, así como una flagrante violación de los derechos humanos. Asimismo, expresaron su profunda preocupación por la respuesta «totalmente inadecuada» de los gobiernos nacionales y las fuerzas del orden.
«La incapacidad para garantizar la rendición de cuentas perpetúa una cultura de impunidad que perjudica de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, y compromete la promesa de una protección igualitaria garantizada por el derecho internacional de los derechos humanos», señala el comunicado de los expertas independientes.
Además, la trata de niños con fines de explotación sexual destruye la infancia y tiene consecuencias devastadoras a largo plazo para las víctimas.
Los expertas recordaron a los gobiernos su obligación de prevenir la trata, proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia, así como la existencia de recursos efectivos, incluida la concesión de reparaciones.
Apoyo a las víctimas
«Las víctimas y las sobrevivientes deben estar en el centro de toda respuesta eficaz a la trata de seres humanos, una respuesta que sea a la vez sensible al trauma y respetuosa de la igualdad de género», precisa el comunicado. «Los Estados deben garantizar asistencia médica —incluidos servicios de salud sexual y reproductiva—, apoyo psicosocial, así como medidas de reinserción social y recuperación a largo plazo».
Mientras la atención mundial prestada a este caso comienza a desvanecerse, los expertas pidieron acciones concretas, el establecimiento de responsabilidades y la adopción de medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia, así como la concesión de reparaciones, garantías de no repetición y transparencia.
«Los Estados tienen la obligación de actuar, y esta obligación no ha hecho más que retrasarse«, afirmaron.
