Por Claudia García Polo @claudiagpolo
Al cumplirse 8 años de la represión ocurrida en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan en donde murió el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 años de edad durante un operativo policiaco contra una manifestación en la autopista Atlixco-Puebla.
Este martes 19, la señora Elia Tamayo, acompañada de integrantes de la Academia Poblana para la Investigación y Difusión de los Derechos Humanos A.C exigieron a las autoridades estatales acelerar las investigaciones del caso y que se haga justicia por la muerte del menor y las víctimas de la represión.
Los integrantes de esta organización y la madre del menor anunciaron que entregarán un documento al gobernador Miguel Barbosa Huerta en donde se solicita presentar los avances del caso. Recordaron que cuando llegó al cargo el gobernador Barbosa, ofreció reabrir el caso. Sin embargo a la fecha, aseguraron no hay avances en la investigación.
El presidente de la Academia Poblana para la Investigación Julio Santos Lozano, afirmó que resolver el caso es una necesidad apremiante, porque se han aportado las pruebas y se tienen ubicados a tres de los responsables el exsecretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas, el ex Procurador de Justicia del Estado, Victor Carrancá Bourguett y el ex jefe de la Oficina del Gobernador, Juan Pablo Piña.
Tanto Santos Lozano como Elia Tamayo y Araceli Bautista, exigieron a las autoridades estatales investigar a los altos mandos que ordenaron y participaron directa o indirectamente en el operativo de hace 8 años, porque el caso «sigue en las mismas condiciones que las anteriores autoridades dejaron la investigación con un 10 por ciento de avance».
Durante la conferencia de prensa, informaron que a la fecha no han sido satisfechas las 11 recomendaciones enviadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dentro de la queja 2VG/2014.
Recordaron que este organismo nacional, ordenó resolver de forma pronta, gratuita y expedita, pero sobre todo efectiva y protegiendo los derechos humanos de las víctimas de manera integral. Además de garantizar el derecho a conocer la verdad como lo determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
HISTORIA DE LOS HECHOS DE LA REPRESIÓN EN CHALCHIHUAPAN
Fue el 9 de julio de 2014 cuando vecinos de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaban al medio día a la altura de la autopista Atlixco-Puebla contra la decisión del gobernador Rafael Moreno Valle de retirar el Registro Civil a las Juntas Auxiliares, cuando el ex secretario de Seguridad Facundo Rosas quien se encuentra preso por otros delitos, ordenó el desalojo violento de la manifestación que mantenía bloqueada la autopista a Atlixco.
Los uniformados lanzaron balas de goma contra los manifestantes, durante el enfrentamiento entre policías y pobladores, el menor José Alberto Tehuatlie Tamayo recibió el impacto de un proyectil en la cabeza que le quitó la vida, el saldo incluyó otras 11 personas con heridas graves y cientos de lesionados.
Dos meses antes el 12 de mayo de 2014 el gobernador Rafael Moreno Valle, había enviado al Congreso una iniciativa de reforma para regular el uso de la fuerza pública que fue avalada por el Congreso del Estado con mayoría de diputados del PAN, la reforma permitir el uso de las armas no letales por parte de la policía estatal contra manifestantes que fue llamada «La Ley Bala».
En el operativo en Chalchihuapan contra los pobladores la Secretaria de Seguridad Pública, puso en marcha la «La Ley Bala» del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Derivado del caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación número 2VG/2014 en donde se acreditaron las graves violaciones las garantías individuales de los habitantes de Chalchihuapan.
En el 2016 se dio a conocer que bajo amenazas la señora Elia Tamayo aceptó una indemnización económica por la muerte de su hijo José Luis Tehuatlie. Pero la disculpa pública del Poder Ejecutivo hacia la comunidad por los agravios nunca llegó.
La Fiscalía General del Estado informó que seis policías estatales recibieron sentencia condenatorias por el desalojo violento en Chalchihuapan, pero no hubo ninguna sanción contra Facundo Rosas secretario de Seguridad Pública, tampoco para el Fiscal Víctor Carrancá, ambos funcionarios continuaron en el cargo hasta concluir la gestión del entonces gobernador Rafael Moreno Valle.
El caso Chalchihuapan marco al gobierno morenovallista y a su grupo político.
