La indemnización por daño moral será de hasta 2 mdp
Por Claudia García Polo
@claudiagpolo
En sesión de Pleno el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad la Ley de Responsabilidad Patrimonial con este ordenamiento legal el Estado estará obligado a pagar indemnizaciones a las y los ciudadanos víctimas de daños provocados por irregularidades administrativas u omisiones del gobierno, el Poder Legislativo, los ayuntamientos y los organismos autónomos.
Con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial por las diputadas y diputados, el Congreso de Puebla corrige una omisión legislativa de casi 20 años, porque fue en 2004 cuando la reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en casi dos décadas en el Poder Legislativo local no se había expedido la ley. La reforma fue impulsada por la bancada de MORENA desde el 19 de mayo del 2022 y en junio de este año el gobernador Sergio Salomón Céspedes envió otra iniciativa al Congreso.
A partir de su entrada en vigor el Estado estará obligado a indemnizar en dinero o en especie a las y los ciudadanos que sean víctimas de daño moral y pérdidas materiales y afectaciones a sus derechos y patrimonio como consecuencia de la actividad administrativa irregular u omisiones de los ejecutores del gasto.
Los ejecutores del gasto son el Poder Ejecutivo, Legislativo, los municipios y los organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos (CDH), el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado (TEEP).
La reparación por daño moral no excederá de 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por cada reclamante afectado, cifra que equivale a 2 millones 074 mil 800 pesos. Además, en caso de muerte o incapacidad total permanente de la persona que reclame la indemnización, el cálculo se hará como ordena el Código Civil y el pago será equivalente a mil 200 días de salario, sueldo o utilidad que percibía la víctima.
La Ley de Responsabilidad Patrimonial contemplará hasta 15 millones de pesos para reparar el daño ocasionado a ciudadanos por actos u omisiones del Gobierno de Puebla, el Poder Legislativo, los ayuntamientos y los organismos autónomos antes mencionados.
La Secretaria de Planeación y Finanzas deberá incluir en el proyecto de presupuesto de egresos una partida o previsión de recursos para cubrir el pago de indemnizaciones, la cual deberá ser equivalente del 0.3 al millar del presupuesto de gasto programable.
El dictamen aprobado en la sesión ordinaria de este jueves 13 de junio refiere, “el espíritu legal de esta reforma integra el principio fundamental de: solidaridad social; en virtud del cual se reconoce el derecho a una indemnización proporcional y equitativa para los particulares, manteniendo así, la integridad de su patrimonio frente a los daños que se pudieran causar por la acción irregular del poder público”.
