Por Claudia García Polo @claudiagpolo
Durante la sesión de pleno el Congreso del Estado recibió la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa que propone reformas en materia penal para castigar con tres meses y hasta con siete años de prisión la contratación de policías o jefes de corporaciones que no cuenten con certificado único policial, registro vigente y hayan aprobado las pruebas de control de confianza.
La iniciativa enviada este jueves 1 de diciembre por el gobernador Barbosa al Congreso del Estado, incluye también sancionar a los policías que acepten el cargo y sepan que no cuentan con el Certificado Único Policial (CUP) documento que es expedido por la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) únicamente a los elementos que aprueban satisfactoriamente sus pruebas de control de confianza.
La iniciativa propuesta por el Ejecutivo Estatal plantea reformar el artículo 418 y agregar las fracciones XVI Bis y XVI Ter al artículo 419 del Código Penal del estado de Puebla, relacionados con el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, para quedar de la siguiente manera.
Artículo 418. Se impondrá prisión de tres meses a siete años en el momento en que de cometa el delito, a la persona que acepte el empleo, cargo o comisión en alguna de las Instituciones Policiales sin contar con Certificación Único Policial o registró vigente, establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla».
Se propone imponer cárcel por contratar, proponer, designar o nombrar al personal policial, sin que cumplan los requisitos del certificado único policial y registró vigentes, así como por no separarse del cargo a los policías que no viernes con ese verificado u registró vigente.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD ROBERTO SOLÍS, DEFIENDE APLICAR SANCIONES A LOS ALCALDES
En entrevista el diputado de MORENA y presidente de la Comisión de Seguridad en el Legislativo local Roberto Solís, respaldo la iniciativa propuesta por el gobernador Miguel Barbosa, afirmó que es un primer paso para lograr la profesionalización de las y los policías.
Explicó que la iniciativa va en el sentido de sancionar a los alcaldes porque tanto en la Ley Orgánica Municipal, así como en la Ley Estatal de Seguridad Pública, se exige que se deben tener las certificaciones cumplir el perfil, pero no había sanción para las y los presidentes municipales por ser omisos en la contratación de los mandos policiales.
Luego de los hechos violentos ocurridos en el municipio de Tulcingo de Valle el pasado 20 de noviembre cuando ocurrió el homicidio del jefe de la policía Maurilio Herrera que aparentemente se trató de un ajuste de cuentas de la delincuencia organizada, todos los policías fueron separados del cargo por estar presuntamente involucrados y también se confirmó que varios de ellos no acreditaron haber aprobado las pruebas de control de confianza.
La propuesta del gobernador Barbosa se turnó a las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y la de Asuntos Municipales para su estudio y análisis, se prevé que pudiera ser aprobada antes de que termine el periodo ordinario el próximo 15 de diciembre.
