No solicitó licencia en la Función Pública

Por Claudia García Polo @claudiagpolo

A unas horas de que este martes la Junta de Gobierno y Coordinación Política que preside el diputado de MORENA Sergio Salomón Céspedes Peregrina, defina la terna que se someterá a votación del Pleno, para elegir al próximo titular de la Auditoría Superior del Estado.

El diputado del PAN Rafael Micalco Méndez, advirtió que podría haber un conflicto de interés, si el Congreso de Puebla designa a Amanda Gómez Nava como la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado, porque la actual secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado, no solicitó licencia al cargo para participar en este proceso de selección.

El legislador panista, señaló que en caso de arribar al cargo como titular de la Auditoría Superior del Estado, Gómez Nava, tendría que auditar la cuenta pública del gobierno estatal del cual es parte como secretaria de la Función Pública (SFP).

Rafael Micalco hizo un exhorto a la banca mayoritaria de MORENA en el Congreso del Estado, para analizar de manera responsable y exhaustiva los perfiles de los ocho aspirantes finalistas de donde saldrá la terna que se someterá a la votación del Pleno Legislativo.

«Hay un conflicto de interés dado que, si esta persona es designada como auditora, se auditará a ella misma, porque hoy es funcionaria en el gobierno del estado, es muy claro y por eso creo que no podría encabezar esa dependencia tan importante», expresó Micalco Méndez. 

A los integrantes de la Junta de Gobierno, les pidió ser escrupulosos en la selección y no repetir errores como ocurrió con la designación del ex auditor Francisco Romero Serrano quien se encuentra detenido y enfrenta una investigación por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita y probable lavado de dinero.

El artículo 35 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización de la Auditoría Superior, establece que el personal de la ASE deberá abstenerse de conocer sobre las cuentas públicas de las autoridades con las que haya tenido alguna relación fe cualquier índole.

«Los servidores públicos de la ASE y los despachos o profesionales independientes tendrán la obligación de abstenerse de conocer asuntos referidos a las Entidades Fiscalizadas en los que hubiera prestado servicios, de cualquier índole o naturaleza, o con los que hubiera mantenido cualquier clase de relación contractual durante el periodo que abarque la revisión de que se trate, o en los casos que hubiera conflicto de interés, en los términos previstos en la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas». 

REDACCIÓN

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