Por Claudia García Polo
El gobierno de Puebla aclarará en un plazo de 30 días las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública (ASF) del 2020 por más de 407 millones de pesos, porque es un gobierno honesto, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
En el reporte de Cuenta Pública 2020 la Auditoría Superior de la Federación encontró probables irregularidades en el uso de 407 millones 795 mil 405 pesos por parte del gobierno de Puebla y de ese monto un probable daño patrimonial de 268 millones 809 mil 769 pesos en la administración que encabeza el mandatorio Miguel Barbosa.
Durante la conferencia matutina de este lunes 21 de febrero, el gobernador Barbosa, dijo no estar de acuerdo con las observaciones que la ASF realizó a su administración, porque aseguró la obra pública se ejecutó y no se trata de obras inexistentes.
«No estamos de acuerdo en las observaciones, porque el gasto se hizo y se pagó, no estamos hablando de que haya una obra inexistente, son datos que ya conocíamos», expuso el gobernador.
Miguel Barbosa, agregó “no tengo preocupación como Gobierno, incluso personalmente se lo he explicado al Auditor, y todo será subsanado y vamos a salir bien porque somos honrados».
Barbosa Huerta, garantizó que su gobierno en un plazo de 30 días como lo marca la ley, aclarara todas las observaciones hechas por la ASF y todas quedarán subsanadas.
Justificó que se trata de un proceso normal de fiscalización que realiza el organismo federal y aun cuando se señala un daño patrimonial, no existe porque los recursos se ejercieron adecuadamente y tiene como probarlo.
En el reporte de la Cuenta Pública del ejercicio 2020 la Auditoría Superior de la Federación realizó 20 pliegos de observaciones y pidió la aclaración de manera conjunta de 618 millones de pesos al Gobierno de Puebla, municipios y universidades que reciben recursos públicos federales.
Entre las observaciones realizadas por la ASF, se señala que hubo probable daño patrimonial por 249 millones 144 mil 949 pesos por posibles irregularidades en nueve contratos en los que intervinieron las secretarías de Planeación y Finanzas, Turismo, de Bienestar, de Seguridad Pública y la Universidad Tecnológica de Puebla.
