Por: Anayeli García Martínez y Sonia Gerth
Cimacnoticias.- A una década de que los partidos políticos fueran obligados a destinar un porcentaje de su financiamiento público para capacitar a mujeres –y con ello allanar el camino para que accedan a cargos de elección– la medida ha funcionado paulatinamente pero todavía falta transparentar el ejercicio de esos recursos.
Desde 2008 este recurso otorgado a todos los partidos políticos con registro nacional, ha alcanzado una cifra de 919 millones 011 mil 673 pesos, presupuesto que se considera prioritario pues es una medida afirmativa que permite la participación de más mujeres en la toma de decisiones y en las estructuras de poder.
Durante los primeros años de esta disposición, las agrupaciones políticas derrocharon este recurso utilizándolo para pagar servicios de fumigación, seguridad, lavandería, aguinaldos e impuestos, bolsas, mandiles, gabardinas, pulseras bordadas, pero tras el escándalo y la denuncia pública del hecho, las mujeres diseñaron candados para que se cumpla el objetivo para el cual fue creado.
El éxito paulatino se observa al revisar que en 2008 las mujeres representaban 22.6 de las diputaciones locales y federales, 18.8 de las senadurías y 4.6 por ciento de las alcaldesas. Actualmente ellas representan 42.6 por ciento de las diputaciones locales y federales, 38 por ciento de las senadurías y aunque a nivel local la presencia femenina todavía es escasa, ya encabezan 14 por ciento de las presidencias municipales.
Con este panorama, las dirigentes de las Secretarías de Igualdad de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) afirman que pese a todo, debe continuar la inversión para formar liderazgos femeninos, aún cuando hay voces que exigen reducir el financiamiento público que reciben los partidos.
Actualmente, estos montos se usan para pagar tareas logísticas, traslados aéreos y terrestres, hospedaje, alimentos y material de trabajo de las sesiones de capacitación de las mujeres, pero las líderes de las Secretarías consideran que debería invertirse en campañas políticas, es decir en etiquetar una partida para que puedan hacer proselitismo igual que sus pares varones.
OBLIGACIÓN LEGAL
El financiamiento para la capacitación política de mujeres surgió como respuesta a dos argumentos recurrentes que los varones usaban para explicar la magra presencia femenina en el espacio político: “no hay mujeres que quieran participar” o “no están capacitadas para ejercer un cargo de alta responsabilidad”.
Para derrumbar este mito e impulsar el desarrollo de las habilidades de las mexicanas para ser oradoras en los congresos partidistas, alzar la mano en las tribunas parlamentarias o firmar documentos como responsables de instituciones, entre 2007 y 2008 el movimiento feminista junto con senadoras y diputadas insistieron en la necesidad de financiar la capacitación de las militantes para que avanzaran en las estructuras dentro y fuera del partido.
Fue así que consiguieron, en 2008, el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) dispusiera que los partidos políticos deberían destinar dos por ciento de su financiamiento para la capacitación y promoción política de las mujeres, porcentaje que tras la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 se incrementó a tres.
En 2008 los ocho partidos políticos con registro recibieron 49 millones 513 mil 242 pesos. Aunque la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), revisó mediante pruebas selectivas que se reportaran los gastos de este rubro, sólo multó al PRD al encontrar que no ejerció el presupuesto etiquetado.
Dos años después, la consultora Natividad Cárdenas Morales, quien analizó el ejercicio de este presupuesto en 2008 y 2009, destapó el despilfarró millonario de los montos cuando al revisar los reportes de gastos encontró que estos recursos se utilizaron para cubrir viáticos, gratificaciones, propaganda y artículos promocionales pero no para fomentar los liderazgos femeninos.
La consultora destacó que si bien el artículo 78, párrafo V del Cofipe estableció la obligatoriedad de los partidos políticos para destinar un porcentaje a capacitación exclusiva de mujeres, en la práctica no existían especificaciones que permitieran determinar ni vigilar cómo se ejercerían esos recursos, lo que hizo que en 2011 las mujeres promovieran una reforma al Reglamento de Fiscalización del IFE para imponer candados legales
