Por Claudia García Polo @claudiagpolo
El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, afirmó que el gobierno estatal agotó todas las instancias jurídicas para evitar que el estado perdiera 2 mil 700 millones de pesos que la actual administración pago al SAT el pasado 5 de abril por un crédito fiscal heredado por el ex gobernador difunto Rafael Moreno Valle Rosas.
Durante la conferencia de este lunes el gobernador Céspedes Peregrina fue enfático al explicar que la responsabilidad directa fue de los funcionarios de la administración morenovallista quienes dejaron de entregar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT) entonces contrataron a la empresa Sistemas LAC S.A de C.V., dicha empresa les aconsejo evadir impuestos.
Sergio Salomón Céspedes rechazó las versiones periodistas de que, el equipo jurídico de la secretaría de Finanzas en el periodo del gobierno interino del gobernador Guillermo Pacheco Pulido hayan sido los responsables de haber dejado perder el litigio.
Aclaró que el gobierno estatal desde el interinato de Pacheco Pulido y hasta la administración de Miguel Barbosa Huerta, agotó todas las instancias jurídicas para evitar el quebranto de 2 mil 700 mdp a las finanzas estatales.
«Si hay que tener mucha seriedad y claridad en el caso, más allá de que si peleamos o no peleamos, estábamos defendiendo lo que nos estaban imputando a nosotros, asumiendo que nosotros no habíamos generado ese problema. Sin embargo, recuerden que no son las personas, sino es el estado el responsable por las acciones de gobierno», manifestó el gobernador Céspedes.
LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO LLEVÓ EL JUICIO CONTRA EL SAT
El consejero jurídico del Poder Ejecutivo del estado Jonathan Ávalos Meléndez, explicó que la Procuraduría Fiscal del estado llevó el juicio en contra del Servicio de Administración Tributaria, el cual perdió el caso en la «última instancia y último juicio de control constitucional» el cual fue resuelto en contra del estado y confirmó el fallo de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
«La estrategia o línea de defensa fue la misma desde el gobierno interino hasta la del actual gobierno, a través de la Procuraduría Fiscal. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitió un segundo fallo que no fue favorable a los intereses del estado», aseveró el funcionario.
