Imagen © Unsplash/Jason Leung Protesta contra el racismo. En el cartel, se lee: El odio es un virus.
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La alianza entre gobiernos y gigantes tecnológicos, especialmente la administración de Estados Unidos y las compañías de ese país, está cerrando el espacio para el debate público, según una experta en libertad de expresión. Su mensaje de cierre es contundente: hay que regular el poder digital, pero sin ceder a presiones políticas ni intereses comerciales.
Los multimillonarios Elon Musk y Mark Zuckerberg toman decisiones sobre el debate público global sin rendir cuentas, mientras el gobierno de Estados Unidos utiliza su influencia para castigar a los críticos y a quienes regulan a las plataformas, según una experta derechos humanos. La libertad de expresión no debe ser moneda de cambio geopolítica.
La libertad de expresión está siendo erosionada por una asimetría de poder sin precedentes entre los Estados y un pequeño grupo de gigantes tecnológicos que controlan los espacios digitales globales sin rendir cuentas democráticas. Esta es la conclusión central del informe final de la relatora especial* de la ONU sobre libertad de opinión y expresión, Irene Khan**, presentado ante el de Derechos Humanos.
Concentración de poder
El documento subraya que las nuevas tecnologías y la concentración de riqueza en el sector digital han creado lo que Khan denomina «oligarcas tecnológicos»: individuos cuya influencia supera a la de la mayoría de los países.
En 2025, los ingresos anuales de Meta superaron el Producto Interno Bruto de aproximadamente 130 países, mientras que su base de usuarios mensual de 3000 millones es mayor que la población de cualquier nación. De manera similar, OpenAI reportó ingresos que exceden el PIB de 80 países, y su herramienta ChatGPT es utilizada por casi 1000 millones de personas cada semana.
Estas cifras no son solo datos económicos: representan un desplazamiento del poder decisorio sobre el entorno informativo global. Como señala el informe, «la riqueza, influencia y cultura de las plataformas se han combinado para crear un pequeño grupo de oligarcas tecnológicos que ejercen un poder directo sobre los espacios digitales sin rendir cuentas».
El documento menciona explícitamente a Elon Musk, propietario de X, quien se identifica públicamente como un defensor «absolutista» de la libertad de expresión y rechaza la moderación de contenidos por considerarla censura. El informe alerta sobre los riesgos de que una sola persona decida qué información es visible o considerada «verdadera», especialmente cuando esa persona controla tanto la plataforma como herramientas de inteligencia artificial asociadas.
También se refiere a Mark Zuckerberg y a los cambios abruptos anunciados en enero de 2025 para relajar las protecciones contra la incitación al odio y eliminar el programa de verificación de datos de Meta en Estados Unidos. Estas decisiones, tomadas sin consulta pública ni evaluación de impacto en derechos humanos, afectan a miles de millones de usuarios.
El papel de Estados Unidos: entre la retórica y la presión
El informe dedica un capítulo específico a la actuación del gobierno de Estados Unidos, al que acusa de promover una noción «absolutista» de la libertad de expresión que entra en conflicto con el derecho internacional de derechos humanos. Según la relatora, la administración estadounidense ha desalentado activamente a las plataformas con sede en su territorio a cumplir con requisitos de transparencia y moderación de contenidos establecidos por otros Estados o por la Unión Europea.
Más grave aún, el documento denuncia que Estados Unidos ha utilizado su poder político y comercial «a una escala que ningún otro Estado se ha atrevido antes» para castigar a otros países que intentan regular el sector digital.
Entre los ejemplos citados figuran: sanciones contra un juez del Tribunal Supremo de Brasil por sus decisiones sobre plataformas digitales; presiones comerciales, imputaciones e interferencias políticas contra la Unión Europea en respuesta a la aplicación de su Ley de Servicios Digitales; y represalias contra la República de Corea por regular los monopolios de redes sociales.
Armas de la represión: incitación al odio y criminalización de la protesta
Khan advierte que algunos actores políticos están «armando la libertad de expresión» bajo el pretexto de promover un entorno abierto, retratando cualquier restricción al discurso de odio como censura.
«El discurso de odio que se permite florecer sin control no produce más libertad de expresión, sino menos«, afirma el informe, señalando que quienes son atacados por este discurso terminan siendo silenciados y excluidos de la vida pública.
Otra herramienta documentada es la criminalización de la disidencia mediante leyes antiterroristas. El informe menciona casos como el uso de normas de «financiación del terrorismo» contra periodistas en Filipinas, la designación como «terrorista» de todo el movimiento de protesta Palestine Action en el Reino Unido, y la equiparación del activismo climático no violento con el terrorismo en países de Europa Occidental, Centroamérica y el Sudeste Asiático.
El ciberespacio como campo de batalla
El informe también alerta sobre el uso de nuevas tecnologías por parte de los Estados para restringir el acceso a la información: desde cortes de internet hasta el empleo de inteligencia artificial para identificar y bloquear herramientas contra la censura. La vigilancia masiva, advierte Khan, tiene un «efecto paralizante» sobre la libertad de expresión: «la gente habla con menos libertad cuando sabe que está siendo vigilada».
Conclusión: regulación basada en derechos humanos
Al concluir su mandato, Irene Khan hace un llamado a construir coaliciones multisectoriales para enfrentar intereses poderosos, crear contrapesos institucionales que resistan la captura corporativa de la libertad de expresión, y establecer regulaciones fundamentadas en derechos humanos, con reguladores independientes y protección robusta de datos.
«Libertad de expresión es que un periodista pueda trabajar sin miedo, que un activista pueda alzar la voz sin ser etiquetado como terrorista y que las plataformas digitales rindan cuentas por el daño que causan», sentenció Khan.
El mensaje final es claro: la libertad de expresión no debe ser tratada como moneda de cambio geopolítica ni como mercancía sujeta a aranceles comerciales. Es un derecho humano fundamental que requiere protección frente a todos los poderes, sean estatales o corporativos.
