Por Claudia García Polo @claudiagpolo
El gobernador Miguel Barbosa confirmó que el magistrado Alfonso Siriako Guillén Almaguer del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (TJAEP), fue vinculado a proceso por el Tribunal Colegiado Federal y se mostró sorprendido de que el acusado mantenga su nombramiento.
«Ayer le fue confirmada su vinculación a proceso hasta por sentencia del Tribunal Colegiado Federal, le fue confirmada a Siriako, yo no sé porque sigue siendo magistrado», expresó el gobernador Barbosa.
Durante la conferencia de este viernes 7 el mandatario, indicó que la situación del magistrado Guillén Almaguer, tendrá que ser abordada por el Consejo de la Judicatura, porque las reformas al Poder Judicial del Estado aprobadas por las y los diputados ya se lo permiten.
En mayo del 2021 el magistrado Guillén Almaguer fue detenido por la Fiscalía General del Estado por una denuncia en su contra por un presunto desvío de recursos a su paso por la Secretaria de Infraestructura como coordinador jurídico, al avalar en 2017 un pago irregular de obras en el Centro Expositor por 107. 2 millones de pesos, obra que se inició en la administración del ex gobernador Mario Marín Torres en 2008 y fue inaugurada en 2011.
En 2021 Alfonso Siriako Guillén ganó un amparo ante la Justicia Federal para recuperar su libertad, pero la Fiscalía de Puebla nuevamente lo denunció por lo que permaneció detenido.
A pesar de enfrentar un procedimiento administrativo de responsabilidades, esto no fue impedimento para que en diciembre de 2017 el Congreso del Estado aprobará la designación de Alfonso Siriako Guillén Almaguer como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado junto con María de Lourdes Dib y David Paz Moreno.
Este viernes el gobernador Miguel Barbosa, aprovechó para reconocer y agradecer a las diputadas y diputados de todas las bancadas haber aprobado por unanimidad la reformas que envió al en materia constitucional al envió al Congreso de Puebla, lo que permitirá que la justicia se aplique por igual a pobres y ricos en el estado, sin que se utilicen a las instrucciones para beneficiar a quienes tiene poder político o económico.
