Por Claudia García Polo
El Congreso de Puebla derogó del Código Penal el delito de ultraje a la autoridad, las y los diputados de las siete fuerzas parlamentarias coincidieron que fue empleado por anteriores autoridades para restringir la labor periodística, el ejercicio de la protesta y el derecho a la libertad de expresión de activistas y ciudadanos.
La diputada del PRI Isabel Merlo Talavera integrante de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso del Estado, expuso que los integrantes de los siete grupos parlamentarios, decidieron respaldar la reforma porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ese delito es inconstitucional al estudiar el caso del Código Penal de Veracruz.
Durante la sesión ordinaria del pasado martes 15 el Congreso de Puebla derogó los artículos 207 y 208 del capítulo «Delitos cometidos contra funcionarios públicos», que se persiguen en la entidad desde el 1 de enero de 1987, cuando entró en vigor el Código de Defensa Social que se aprobó al final de la administración del exgobernador Guillermo Jiménez Morales de extracción priista.
El artículo 207 imponía una sanción de un mes a tres años de prisión y multa de uno a 10 días de salario, «al que cometiera un delito en contra de un funcionario público, empleado o agente de la autoridad, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de estás».
Respecto al artículo 208 del Código Penal, señalaba que «los ultrajes hechos al Congreso del Estado, al Tribunal Superior de Justicia, o a un órgano colegiado de la administración de justicia o a cualquier otra institución pública» serían sancionados con prisión de dos meses y hasta dos años y multa de uno a cinco días de salario mínimo.
La legisladora de PRI Isabel Merlo Talavera, explicó que el «delito de ultraje a la autoridad» estaba vigente en 18 entidades federativas del país, incluida Puebla, las cuales recibieron un llamado del Senado de la República para derogarlo a través de los congresos locales.
Durante su exposición en tribuna Isabel Merlo, afirmó que «en un país democrático nadie debe ser encarcelado por expresar o manifestar sus inconformidades».
La diputada priista aprovechó para criticar al gobierno del estado de Veracruz de extracción morenista que encabeza Cuitláhuac García Jiménez en donde se defendió ante la SCJN la permanencia de ese delito que ha sido utilizado para detener y procesar a más de 2 mil personas en esa entidad federativa. Lo que Merlo Talavera, calificó como «la criminalización de la lucha social».
