Por Claudia García Polo @claudiagpolo
El presidente municipal de Francisco Z. Mena Pascual Morales se convirtió en el primer servidor público de Puebla que fue inscrito al Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las mujeres en razón de género
Pascual Morales Martínez, cometió violencia política contra la regidora Flor Teresa Ávila a quien se negó a pagarle la dieta mensual que le corresponde y le impidió participar en las sesiones de cabildo.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas del INE, el alcalde de MORENA quien gobierna el municipio de Francisco Z. Mena desde el 2018, estará inhabilitado por siete años y tres meses, es decir hasta el 20 de octubre del 2028, periodo en el que no podrá participar como candidato a un cargo de elección popular.
El acoso y la violencia política del edil contra la regidora Flor Teresa Ávila, inició desde el 2019 cuando le suspendió el pago de la remuneración que por ley le correspondía, argumentando que “el Ayuntamiento no tenía recursos económicos para pagarle, además la bloqueo para participar en las sesiones de Cabildo”.
La regidora afectada inició un litigio ante el Tribunal Electoral del Estado para defender sus derechos, recurso legal que ganó en diciembre del 2019, en donde la autoridad electoral instruyó resarcir el daño a la regidora, pagarle la dieta, difundir una disculpa pública en medios de comunicación de la región, además de acreditar un curso de -sensibilización en materia de género y masculinidad-, pero Pascual Morales no cumplió con la sentencia.
La autoridad electoral concluyó que Pascual Rubio fue reincidente y al no cumplir la sentencia, perdió el derecho a participar en el proceso electoral de este año en el que buscó la reelección por el municipio de Francisco Z. Mena, y el Tribunal Electoral del Estado revocó su candidatura el 21 de mayo pasado por los actos de violencia política de género contra la regidora.
La sentencia de la autoridad electoral fue severa por la gravedad de la falta, en su calidad de servidor público por no acatar la sentencia y reincidir a esto se sumó la agravante de que la víctima estaba embarazada cuando fue violentada por el alcalde de la Sierra Norte de Puebla.
