Por Rocío García Olmedo
La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema público, de ahí el diseño de políticas públicas, estrategias y mecanismos creados para combatirla.
Se estima que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguno de los tipos de violencias, incluso la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relación en los Hogares (ENDIREH), se diseñó con la finalidad de captar distintos tipos de violencias en contra de las mujeres al interior de sus hogares: física, sexual, psicológica, económica.
Estas violencias han evolucionado y nos enfrentamos además, a una violencia extrema que se ejerce en contra de las mujeres: la violencia feminicida. De ahí su impulso para la tipificación como delito -feminicidio- en la normativa federal (2007) y en la de los estados de la República. Puebla después de muchas presiones sociales, lo tipifica como delito grave en el año 2012.
Junto a esta tipificación y a efecto de ir atendiendo íntegramente este problema social, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se incluye una acción para apoyar a los estados de la República, cuando sea identificado un territorio en situación de emergencia que vulnere la seguridad y la vida de las mujeres, la posibilidad de emitir vía la Secretaría de Gobernación una Declaratoria de “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.”
Justamente las cifras alarmantes de asesinatos de mujeres en algunas zonas del estado poblano, fue lo que motivó a diversas organizaciones civiles a solicitar esta Declaratoria para Puebla al Gobierno Federal desde hace casi tres años.
Así el pasado 8 de abril, para 50 municipios del estado de Puebla fue emitida esta Declaratoria, que contempla 45 Recomendaciones y plantea de arranque -en el escrito ampliamente difundido- la obligación del Gobierno del Estado para enviar un mensaje a la ciudadanía vía el titular del Ejecutivo Estatal, de “cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres y niñas.”
De esta manera se trata ahora de implementar este mecanismo de protección para que coordinadamente los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal diseñen políticas públicas y acciones de gobierno para poner en marcha, la serie de medidas que el propio documento enumera: medidas de prevención, de seguridad y de justicia, con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la diversidad de conductas de violencias que se ejercen contra las mujeres.
Se trata así de enfrentar los factores que influyen en la violencia relativos al generador, a la víctima y a los contextos familiar y sociocultural donde se producen, así como los factores que están relacionados con la violencia en las relaciones de pareja: individuales, relacionales y contextuales. (A. Hernando, 2007); pero también se trata de combatir frontalmente los patrones de violencia que desde las instituciones se presentan: falta de respuesta, falta de debida diligencia e investigación, denegación de acceso a la justicia y falta adecuada de reparación del daño (CIDH, 2009)
Todas estas políticas públicas y acciones que desde el gobierno se implementen no darán resultados integrales sin la participación de la sociedad en su conjunto y considero de enorme importancia concientizar y continuar sensibilizando a los hombres a repensar sus masculinidades.
¿Qué hace que reproduzcan consciente o inconscientemente conductas violentas contra mujeres?
¿Cómo sus machismos los ha lastimado también y ha destruido su masculinidad?
De ahí que el plan de contingencia que representa la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres deberá incluir un apartado que permita visibilizar como escribió Emiliano Monge que “el machismo, la misoginia y las diversas formas de violencia, buscan aprovecharse, someter, humillar, utilizar, usufructuar, cosificar, reducir o nulificar a las mujeres que pueden ser sus madres, sus hermanas, sus hijas, sus parejas, sus amigas, sus compañeras de trabajo o sus conocidas” (El País, 12/04/2019).
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